Sánchez aprobó la ley que excarcela a agresores sexuales con las violaciones disparadas

El 6 de julio de 2021, el Consejo de Ministros presidido por Pedro Sánchez aprobó la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual, más conocida como Ley del sólo sí es sí. El propio presidente socialista se jactó de la norma, impulsada por Irene Montero pero con la firma de varios ministros socialistas (Justicia, Política Territorial e Interior): «Hagamos de nuestro país un lugar más libre y seguro para las mujeres. Con la Ley del sólo sí es sí protegemos su derecho a la libertad sexual y continuamos trabajando para erradicar la violencia contra ellas. Construyamos una sociedad donde todas/os vivamos sin miedo y en igualdad», enfatizó Sánchez. La norma, que recogía una rebaja de las penas para delincuentes sexuales, ha acabado provocando el efecto que ya advertían los jueces, la revisión de condenas a la baja para acosadores y violadores y también excarcelaciones. Cuando se aprobó, además, los datos del Ministerio del Interior ya mostraban que las violaciones iban al alza. Y así continuaron durante toda la tramitación parlamentaria de la norma, que acabó el pasado agosto en el Congreso son su aprobación definitiva. 

Aunque 2020 había sido un año relativamente bajo en delincuencia, dado el confinamiento y las limitaciones de movilidad, la evolución conocida sobre los delitos sexuales revelaba ya una serie preocupante, como refleja el balance del departamento de Fernando Grande-Marlaska.

Por entonces, Sánchez tenía además sobre la mesa, entre otros, el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en el que se alertaba de la «desprotección» a las víctimas que supondría la norma y del riesgo seguro de revisión de condenas. Ninguno de estos hechos fueron suficientes para disuadir a Sánchez de la aprobación de la ley, una de las normas estrella de Podemos y reivindicada por los morados. De hecho, la negociación fue un tira y afloja entre PSOE y Podemos, incluso con insultos por parte de Pablo Iglesias al entonces titular de Justicia, Juan Carlos Campo, a quien llamó «machista frustrado» por sus objeciones al texto. Justicia, de hecho, acabó corrigiendo buena parte de los artículos por cuestiones técnicas fundamentales, auténticas chapuzas legales.

Desde su aprobación en el Consejo de Ministros y a lo largo de la tramitación parlamentaria, los delitos sexuales no han dejado de crecer. La norma recibió el sí definitivo del Congreso el pasado agosto. En el primer semestre del año, las violaciones se habían incrementado un 26,8% con respecto al año anterior. Los balances emitidos trimestralmente por Interior también dejaban constancia del incremento de los delitos sexuales. Pese a ello, el Gobierno no hizo nada por revisar la ley y atender a las advertencias de los jueces.

«La nueva configuración no supone rebaja ni un incremento de la pena prevista actualmente para estos delitos», se podía leer en la referencia del Consejo de Ministros de aquel 6 de julio de 2021. Según Moncloa, «cada conducta contra la libertad sexual» obtendría «una respuesta penal ajustada a las características concretas que la misma presente, reforzándose así la taxatividad propia del principio de legalidad penal».

Pese al incesante goteo de decisiones judiciales, Sánchez se mantiene de perfil. El presidente socialista afirmó este miércoles, desde Bali, que la norma es «una gran conquista del movimiento feminista» y «una ley de vanguardia que va a inspirar a otras leyes del mundo». Aunque varias voces de su partido y dentro del Gobierno piden revisar la norma de inmediato, Sánchez ha pedido «esperar para extraer conclusiones» a la doctrina de los tribunales y la Fiscalía y la jurisprudencia del Tribunal Supremo.